Reflexiones sobre la libertad de enseñanza

Escrito por guerrero-sanchez 12-03-2018 en opinion. Comentarios (0)

En nuestros días, por fortuna, se hace presente la fuerza que cobra la libertad como valor supremo del hombre, y frente a terceros.

En este caso nos centraremos en el principio básico para el ordenamiento legal de la enseñanza y la educación que es la libertad de enseñanza, la cual deja en algunos sentidos, vacíos legales y no despeja de forma clara en qué consiste la libertad que ahí se manifiesta.

El artículo 27 de la Constitución Española del 78, en su punto 1, dice: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. Y más adelante, en sus puntos 3, 4, 6, 7 y 9, añade: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Donde podemos discernir que los padres o representante legal poseen el derecho a escoger, de forma libre, la enseñanza más pertinente para su hijo o hija; aunque no responde si esa libertad encuadra fuera de los centros educativos, contemplando así la libre educación (en familia) o la educación en escuelas no tradicionales.

Por lo que defendería el derecho a decidir y la no obligación de que un pequeño deba adquirir los conocimientos básicos académicos exclusivamente en una escuela convencional ciñéndome a los artículos anteriormente mencionados de la CE, norma suprema del estado y remitiéndome a otros países como Francia, Gran Bretaña, Portugal o EEUU donde la enseñanza en familia ya se encuentra reconocida y regulada.

La educación libertaria, frente a la tradicional, ofrece la posibilidad de un desarrollo creativo mayor al niño; esto daría cabida a niños con necesidades educativas especiales (hiperactividad, dislexia…) que no encuentran su lugar en la escuela y muchos de ellos pueden llegar a sufrir fracaso escolar. 

Por el contrario, este tema genera muchas controversias a nivel legal pues la jurisprudencia no ha dejado clara su postura, por ejemplo el decreto de la Fiscalía de Menores de Zaragoza del 4 de abril de 2008 fallaba que la no asistencia del menor a un centro educativo o IES no es constitutivo de delito, lo que sí estaría tipificado es la no realización de la educación académica. Aunque la vía penal quedaba excluida, dejaba la puerta abierta a infracciones administrativas que pudieran derivarse conforme a la Ley Autónoma de Educación de esa comunidad.

A nivel psicológico, entiendo, puede originarse que el niño se sienta diferente a los demás y que a nivel académico no pueda obtener titulaciones oficiales que les dé la opción de encontrar un trabajo, lo que conllevaría una estabilidad en el futuro.

En definitiva es un tema que habría que debatir y que las instituciones políticas deberían comenzar a plantear, pues representan al pueblo: una ciudadanía que cada día demanda más libertad, y en este caso lo hace en el ámbito educativo.